Resumen: Se denuncia mala asistencia por parte del Hospital Asepeyo en una primera intervención quirúrgica tras el accidente rotura de ligamento y un mal seguimiento que llevó a la necesidad de reintervención. Se imputa deficiente técnica prestada en la primera intervención quirúrgica de la que se deriva como consecuencia directa una lesión tendinosa, adherencias y daño en el nervio safeno. Irregularidad en la operación no sólo por el mal seguimiento evolutivo sino también porque las electromiografías y resonancias de control posteriores a la intervención ya informaban de anomalías. Alega que todo ello ha conllevado unas lesiones de gran entidad que no hubiese sufrido si la intervención se hubiese realizado conforme a la "lex artis" así como una falta de información sobre el alcance y causa de las secuelas. La Sala centra el debate sobre si hubo mala praxis en la asistencia sanitaria dispensada a la actora por la Mutua Asepeyo y los daños derivados de la misma. Concretamente, acerca de si la lesión nerviosa (nervio safeno), la lesión tendinosa (el tendón según el recurrente se había liberado) y las adherencias traen causa de un defecto en la técnica de la cirugía artroscópica de reconstrucción de ligamento cruzado de la rodilla izquierda que tuvo lugar el 14.11.2018. Si fue correctamente informada la paciente sobre las posibles consecuencias de la primera intervención quirúrgica a la que fue sometida. La Sala valora las dos pruebas periciales y concluye que las lesiones las adherencias son imprevisibles y que su aparición puede llegar incluso a depender de la genética del paciente. Desestima el recurso.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto confirmando la sentencia desestimatoria de la instancia,en la que se declaró la extemporaneidad de la reclamación formulada en solicitud de una indemnización de 12.982.785,36 por los perjuicios causados debido a la inutilidad de la edificación de un complejo hotelero construido por la actora al no poder implementar en su integridad los "condicionantes" impuestos por una licencia ambiental concedida nueve años después de haberse otorgado la licencia de obras. Se sustenta la apelación en la infracción del artículo 67.1 de la Ley 39/2015, la invalidez de una supuesta renuncia anticipada de derechos, la falta de motivación de la sentencia, vulneración del derecho a la prueba,reiterando el fondo de la pretensión indemnizatoria. Se desestima el recurso interpuesto descartando el Tribunal, en primer lugar, la vulneración del derecho a la prueba y rechazando que el recurso sea una mera reiteración de la instancia. En cuanto al fondo, confirma la extemporaneidad de la reclamación, al considerar que el eventual daño era conocido desde la concesión de la licencia ambiental en 2015, que no fue recurrida, momento en el que nació la acción. Niega la existencia de daños continuados, a la vista del informe pericial aportado por la propia recurrente y concluye que la imposibilidad de puesta en funcionamiento deriva del incumplimiento de las condiciones ambientales por la propia actora.
Resumen: La Sala desestima recurso interpuesto frente al acuerdo del Consejo de Ministros desestimatorio de reclamación de responsabilidad patrimonial con sustento en la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, n.º 182/2021, de 26 de octubre. La Sala considera que no resulta acreditado la vulneración del principio de capacidad económica, ya que la prueba practicada no es idónea para acreditar la inexistencia de incremento patrimonial y la vulneración del principio de capacidad económica, al no conocer el valor real del suelo al tiempo de su transmisión puesto que, como se razona, no se aporta prueba adecuada para fijar el precio del suelo a fecha de la transmisión.
Resumen: Visto el recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de octubre de 2024, la Sala considera que procede la desestimación de la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador planteada con fundamento en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de enero de 2022, (asunto C-788/19) sobre la obligación de los residentes fiscales en España de declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero y el régimen sancionador en caso de incumplimiento de dicha obligación, habida cuenta la no concurrencia del requisito de infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión.
Resumen: Los hechos de que dimana el conflicto se circunscriben a un accidente sufrido por el perjudicado mientras estaba trabajando en las labores de limpieza y regadío de la vía pública, en concreto, cuando la lanza de agua del camión cisterna de limpieza golpeó levemente con una farola y esta cayó sobre el trabajador que manejaba la manguera, causándole las lesiones. Sin embargo, ni siquiera el propio trabajador considera que se trate de un accidente laboral. Es más, afirma que su empleadora no incurrió en ninguna clase de incumplimiento, por lo que decidió presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración ante el orden contencioso-administrativo como consecuencia del normal o anormal funcionamiento de los servicios públicos frente al Ayuntamiento, con quien no le unía ningún vínculo de laboralidad. En dicha reclamación, no se hizo mención alguna a cuestiones laborales. La resolución desestimatoria de la referida reclamación administrativa previa por parte del Ayuntamiento, como es natural, no dio respuesta alguna a ninguna clase de reclamación de naturaleza laboral. Pues bien, la impugnación de dicha resolución administrativa -que no abordó ninguna cuestión laboral- constituye el objeto de los procedimientos promovidos en vía jurisdiccional, lo que pone de manifiesto la naturaleza estrictamente administrativa, y no laboral, de la reclamación -pues, de otra forma, además de poder incurrirse en incongruencia, se generaría indefensión a la propia Administración demandada, que no podría defenderse de ninguna circunstancia relativa a un eventual accidente de trabajo-. En consecuencia, el conocimiento del asunto corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación confirmando la sentencia estimatoria de la instancia y con ello la responsabilidad patrimonial municipal y el derecho de la recurrente a ser indemnizada con 31.791,61 € por la caída sufrida en un Polideportivo municipal. La Sala analiza los motivos de apelación consistentes en el error en la valoración de la prueba, infracción del principio de inmediatez, falta de motivación y ausencia de nexo causal concluyendo que la sentencia apelada valoró correctamente la prueba practicada.Se rechaza la vulneración del principio de inmediatez recordando que el derecho fundamental del art. 24 CE no garantiza la presencia del mismo juez en la práctica de toda la prueba, sino la intervención del juez competente. Asimismo, se declara que la falta de mención explícita de todos los medios probatorios no implica su omisión valorativa, siendo válida la apreciación conjunta realizada por el juez en la instancia. Respecto del nexo causal se declara que los informes municipales, que niegan la existencia de humedad o condensación, quedan desvirtuados por la prueba testifical directa, que afirma la presencia de agua en el gimnasio en el momento de la caída. Y sin que el parte de urgencias, aunque describe un mecanismo lesional distinto, resulte suficiente para desvirtuar el resto de la prueba practicada. Se concluye declarando acreditada la existencia de un riesgo objetivo imputable al funcionamiento anormal del servicio público municipal siendo correcta la valoración de la prueba en la instancia fue correcta.
Resumen: Resuelve esta sentencia un recurso de apelación contra otra que desestimó una declaración de responsabilidad patrimonial por una caída en la vía pública.Considera la sentencia que la prueba fue adecuadamente analizada y valorada en la primera instancia no habiéndose acreditado el defecto en la conservación del pavimento de la calle donde ocurrió la desgraciada caída..
Resumen: La competencia de la Sala Especial del art. 61 LOPJ se extiende al conocimiento de los recursos extraordinarios de revisión frente a sentencias firmes dictadas en única instancia por la Sala Tercera del TS, competencia que no puede extenderse a las sentencias que dicte dicha sala en procedimientos de reconocimiento de error judicial, que no son recursos contencioso-administrativos. Al margen de la falta de competencia de la sala, tampoco concurren los presupuestos de admisibilidad exigibles a cualquier demanda de revisión de sentencia firme. La actora se limita a realizar una cita meramente nominativa de los motivos de revisión en que apoya la demanda, pero no hace mención a documento decisivo alguno que hubiese sido «recobrado después de pronunciada la sentencia firme» cuya revisión se pretende, al «reconocimiento o declaración de falsedad» de documentos en los que se hubiere apoyado la misma ni a en qué consistió la maquinación fraudulenta que hubiera dado lugar al dictado de la sentencia. Es más, ni siquiera realizando el mayor esfuerzo interpretativo posible -para otorgar a la actora la más amplia tutela-, puede dilucidarse en qué motivo extraordinario de revisión podría apoyarse la demanda, ya que, a través de su denominado «recurso extraordinario de revisión» la parte actora no hace sino reiterar su disconformidad con las decisiones adoptadas en su contra en las sucesivas instancias judiciales a las que ha acudido, pretensión ajena a la naturaleza extraordinaria y excepcional de la demanda de revisión de sentencias firmes.
Resumen: La sentencia trae a colación la doctrina sobre el céntimo sanitario, y declara que no procede que las gasolineras obtengan la devolución de las cantidades que pagaron como sujetos pasivos por el impuesto sobre hidrocarburos denominado 'céntimo sanitario', que fue declarado contrario a derecho por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, cuando, tras haber repercutido el tributo en el consumidor final e ingresado el importe repercutido en las arcas públicas, éste último (el consumidor final) no puede conseguir el reintegro por resultarle imposible acreditar la repercusión que soportó. No duda el TS en evocar su posición respecto del llamado céntimo sanitario, según la cual en caso de que haya existido repercusión, en tales casos, repercusión legal, al haberse liberado el sujeto pasivo por efecto de esa repercusión, de la carga fiscal, el mismo no tendrá derecho a la devolución del impuesto al no haber soportado la carga tributaria correspondiente, ni verse afectado su patrimonio como consecuencia del gravamen que ingró.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto, confirmando la sentencia desestimatoria de la instancia, así como la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en solicitud de una indemnización, por los daños y perjuicios sufridos por una caída en la vía pública. Se desestima el recurso en la instancia, pese a considerar parcialmente acontecido el siniestro del modo en que lo refiere la actora, sin que se haya probado que el hundimiento y desnivel al que imputa su caída fuera resbaladizo o peligroso para la ciudadanía, no constando quejas o avisos previos en la zona de ocurrencia del aparcamiento exterior. Y no quedando en definitiva acreditado el nexo causal necesario para sustentar la responsabilidad patrimonial instada. Se sustenta la apelación en el error en la valoración de la prueba al constar, según refiere, un hundimiento o bache en el pavimento del aparcamiento exterior ubicado en la confluencia de las calles donde se produjo la caída. Se confirma la sentencia apelada siendo la Sala plenamente coincidente con la valoración de la prueba realizada en la instancia y reconociendo, tal y como lo hace la sentencia apelada, la existencia de un desperfecto en la calzada del que la propia recurrente rechaza, su potencialidad para causar la caída y basando su reclamación exclusivamente en la idea de que, toda caída en la vía pública debe ser responsabilidad de la administración, con independencia de la entidad que tenga dicho desperfecto.
